Tuesday, August 21, 2012

Bloguero Invitado: "Noticias de la Semana", 13-17 de agosto 2012


Presidente Correa no pone límite a estadía de Assange en embajada de Ecuador


COMENTARIO:
A pesar de habernos referido, el pasado miércoles, al tema de la solicitud de asilo por parte de Julian Assange a Ecuador, es indudable que la información noticiosa que mayores comentarios ha atraído en la opinión pública ha sido la concesión del asilo por parte del gobierno ecuatoriano.

La decisión tomada por el presidente Correa no debe sorprender a nadie si nos dejamos llevar por los comentarios favorables, que desde el inicio de la situación planteada por los Estados Unidos al conocerse las filtraciones de “Wikileaks”, había hecho el mandatario. Evidentemente que una medida como la aquí acordada representa una verdadera ganancia para la ya popular figura del gobernante (hoy representada en un 70 % de aceptación).

Para nadie es un secreto que Correa, junto con otros mandatarios latinoamericanos, como Hugo Chávez, en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Daniel Ortega en Nicaragua, por mencionar algunos, ha mantenido una actitud crítica para con el “status quo” internacional, amén de que el gobernante ha apoyado todos los movimientos de integración regional, plasmados en la creación de organizaciones como el ALBA y la UNASUR, y ha emitido severas críticas a la tradicional Organización de los Estados Americanos.

La conducta del gobierno británico, de criticar severamente una decisión dictada por un Estado soberano, y amenazar con desconocer la inviolabilidad de la sede diplomática en donde se encuentra Assange, resulta aun más criticable para algunos, al recordar recientes hechos en donde el Reino Unido no ha tenido ese mismo tipo de escrúpulos al permitir la salida de terroristas, convictos y confesos, de su territorio sin que se produjera un escándalo de la magnitud del actual. Nos referimos a la entrega que el gobierno de Escocia, (parte del Reino Unido), hiciera a Libia, en el año 2009, del oficial de inteligencia de ese país, Abdel Basset al-Megrahi, condenado a cadena perpetua por el atentado (“Atentado de Lockerbie”) del Vuelo 103 de la línea aérea Panamerican, en el cual murieron 270 personas. Razones humanitarias fueron aducidas por el gobierno de Escocia, para devolver a Libia al terrorista condenado a cadena perpetua, quien padecía de un cáncer que termino con su vida el pasado mes de mayo.

 De allí que la actitud del gobierno británico de negarse a otorgar el salvoconducto al beneficiario del asilo, convierten automáticamente al país andino en un “Estado victima” frente a la comunidad internacional-, y hace ver al gobierno Ingles como arrogante e irrespetuoso de los convenios internacionales, que si bien es cierto no obligan a reconocer al UK el asilo político, si le exigen respetar la inmunidad de las sedes diplomáticas.


Obviamente que esta situación resulta altamente provechosa  tanto para el presidente Correa, quien sin duda alguna ha debido haber balanceado los pros y los contras para haber acordado dicho asilo, como para sus tradicionales amigos presidentes, e incluso para las organizaciones de derechos humanos que han venido abogando por la libertad de Assange.   

Para el momento en que hacemos esta nota la cancillería ecuatoriana ha convocado, de ser posible para este fin de semana, a una reunión extraordinaria del grupo del ALBA, y de la UNASUR, a fin de tratar el tema en cuestión. De igual forma la Organización de los Estados Americanos ha invitado a una reunión de cancilleres, para el próximo 24 de agosto, a fin de tratar el tema de la posibilidad de desconocimiento de la inviolabilidad de la sede diplomática ecuatoriana, por parte del gobierno británico.

Falta mucha tela por cortar, y muy seguramente para la semana que viene veremos la respuesta de los cancilleres en la OEA, así como de las organizaciones regionales convocadas, en relación con un caso que hubiera podido resolverse pacíficamente en cuestión de horas.

Disidencia cubana considera excesiva pena para Carromero

(http://www.eluniversal.com/internacional/120817/disidencia-cubana-considera-excesiva-pena-para-carromero)

 COMENTARIO:
 El pasado mes de julio falleció como consecuencia de un accidente de tránsito en Cuba, el dirigente opositor cubano, Oswaldo Payá. De Payá es mucho lo que podría decirse, pero basta con mencionar que fue este quien en el 2002 lideró el llamado “Proyecto Varela”, el cual representaba probablemente la campaña más conocida de los últimos tiempos, presentada en el Parlamento cubano para promover una transición democrática en la isla de Cuba. A raíz de esto, ese mismo año Payá recibía el “premio Sájarov”, otorgado por el Parlamento Europeo.

Mucho se especuló sobre las verdaderas causas de la muerte de Payá. Los familiares del disidente cubano, y miembros de la oposición al régimen, acusaron inicialmente al gobierno de los hermanos Castro de ser los causantes de la muerte. Incluso algunos más audaces atestiguaron que un camión habría embestido al pequeño vehículo, logrando sacarlo del camino hasta voltearse.

Pero Payá no fue el único que falleció en ese accidente, ni tampoco el único que se encontraba en el automóvil. Lo acompañaban tres personas más, de las cuales una murió en el accidente, y las otras dos no solo salvaron su vida sino que pudieron narrar la realidad de los acontecimientos.

Realizadas las averiguaciones, las autoridades cubanas lograron concluir que la muerte de Payá, y otro de los acompañantes, se debió al exceso de velocidad, hecho que hizo perder el control del vehículo al conductor y chocar contra un árbol.

El caso que nos ocupa no es la descripción de un accidente de tránsito, que como este se produjo por imprudencia de su conductor. La razón que nos motiva a incluir esta noticia para nuestros comentarios, es el aprovechamiento que de las iniciales denuncias, que apuntaban (dada la conducta permanente del gobierno cubano) a la culpabilidad de las autoridades de la isla por estas muertes, el gobierno cubano ha hecho no solo para acallar a la disidencia política, sino para castigar a quien se encontraba de visita en la isla aparentemente con fines distintos (de carácter político) a los declarados a su ingreso al país.

El epilogo del caso es la solicitud de condena, por parte de la Fiscalía cubana, a siete años de prisión del ciudadano español, Ángel Carromero, dirigente del partido Popular (PP) en España, y quien se encuentra detenido en Cuba por ser el conductor del vehículo donde se trasladaba  Payá. El juicio se iniciara el próximo 31 de agosto, y según manifiestan los conocedores de la materia, en el mejor de los casos podría reducirse su posible condena a cinco años de prisión.


No comments:

Post a Comment

Archives