Wednesday, March 28, 2012

Malvinas: Ayer, hoy y mañana…

Por Iván Ambroggio (ICCT, 2009 y SDP, 2006)

Es usual que al hablar de la guerra de Malvinas surja de manera casi automática su vínculo con la denominada “guerra sucia” que tuvo lugar en el seno de la sociedad argentina durante el período 1976-1982. Esta relación surge, para algunos, por ser justamente la guerra de 1982 el detonante de lo que ocurría en el plano interno. Las heridas han calado en lo más profundo de un pueblo que fue anestesiado durante el transcurso de la contienda bélica mediante la adulteración de la información.

En diciembre de 1981 cuando una nueva Junta militar asumió el poder en la Argentina con un alto grado de conflictos sociales internos, una parte de la sociedad cuestionaba la legitimidad del régimen y recriminaba al gobierno militar por la inobservancia de los derechos humanos. Pese al caos social, el Presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri, coincidió con el Almirante Anaya en que la Junta debía avanzar sobre las Malvinas. La necesidad de legitimación de un gobierno inconstitucional hizo embarcar a un país de la periferia en una guerra contra una potencia central. La idea de que una causa nacional podría atemperar los conflictos domésticos y lograr una cohesión social dentro de las fronteras nacionales argentinas parece haber estado en la mente de los dirigentes argentinos. Por ese entonces, los medios de comunicación argentinos comenzaron a mostrar indicios firmes de que la Junta preveía problemas con las Islas Malvinas. La tensión por las islas del Atlántico sur se elevó con un desembarco que dio inicio al posterior enfrentamiento bélico. El 19 de marzo de 1982 un grupo de chatarreros argentinos desembarcaron en Leith, Georgias del Sur, y enarboló la bandera argentina. El Reino Unido respondió a este episodio al día siguiente, enviando la nave Endurance desde Stanley para expulsar a los chatarreros. La por entonces Primera Ministra británica, Margaret Thatcher, solicitó al presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, que interviniera ante Galtieri. Pero la decisión del gobierno argentino ya era indeclinable. La Operación Rosario, como se denominó el plan argentino de la toma de Malvinas había comenzado. El dos de abril de 1982 la Argentina ejecuta su plan haciendo efectiva la ocupación de las islas  mediante un operativo combinado de las tres fuerzas. Inicialmente la operación de desembarco en las Malvinas llevó el nombre Código Azul, pero luego su nombre fue cambiado cuando en medio de un fuerte  temporal el jefe de las fuerzas de la infantería del Ejército embarcadas, le sugirió al  comandante de la Fuerza de desembarco, contralmirante Carlos Busser, que dedicara la operación a la Virgen del Rosario recordándole que a ella había implorado Liniers antes de la reconquista de Buenos Aires. El contralmirante no consideraba apropiado que la operación militar llevara el nombre “Virgen del Rosario”, entonces el militar le respondió que podría llamarse “Operación Rosario”. Luego de analizar la propuesta de modificar el nombre de la operación, la acción sugerida fue aceptada. Mientras el contralmirante Busser y el infante del Ejército hacían un tremendo esfuerzo para soportar el temporal, este le dijo: “Usted va a ver Señor que mañana la Virgen del Rosario va a dominar el viento y el oleaje, y va a hacer que tengamos un excelente día para el desembarco”. Sorpresivamente el día siguiente amaneció pacifico y sin viento. El teniente coronel que protagonizó esa historia sería luego muy conocido en todo el país. Se trataba nada menos que de Mohamed Alí Seineldín. Este señor sería luego responsable de los levantamientos contra los gobiernos constitucionales de Raúl Alfonsín y Carlos Menem y posteriormente sería condenado a cadena perpetua después de que sus tropas se rindieran ante las fuerzas del General Martín Balza.

Con el nuevo nombre de la operación militar, la Argentina logró desembarcar en Puerto Argentino (o Port Stanley) y ocupó las islas. Luego de algunos enfrentamientos, el operativo culminó con la rendición del gobernador británico. Al día siguiente de la ocupación, fue designado gobernador de las Malvinas el general Mario Benjamín Menéndez.
La respuesta de los británicos no se hizo esperar. Conocida la noticia de la ocupación argentina, la Cámara de los Comunes aprobó el envío de la fuerza de tareas. La Comunidad Internacional tomó cartas en el asunto mediante la resolución 502. En esta resolución el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exigió el cese inmediato de las hostilidades, el retiro de todas las fuerzas argentinas de las islas y exhortó a los gobiernos de la Argentina y Gran Bretaña a que procuren hallar una solución diplomática a sus diferencias y a que respeten plenamente los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. No obstante, esta resolución no logró paralizar el ánimo de los antagonistas. Las hostilidades iban en aumento. Ese mismo mes, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Alexander Haig, fue designado mediador para tratar de lograr una salida pacifica del conflicto. El otro gran protagonista de esta historia fue Fernando Belaúnde Terry, por entonces Presidente del Perú, quien también desempeñó funciones como mediador. Haig representaba los intereses del Reino Unido y Belaunde Terry los argentinos. Pero pese a los esfuerzos por la paz de algunos pocos sensatos, el diálogo y la diplomacia estaban siendo desbordados y replegados a un segundo plano por los gobiernos de la Argentina y Gran Bretaña. El interés belicoso prevalecía en ambos gabinetes.

Los británicos anunciaron una zona de exclusión de doscientas millas marinas alrededor de las Malvinas, y días después, le advirtieron a la Argentina que cualquier aproximación de sus barcos de guerra o aviones militares que pudieran significar una amenaza para la fuerza de tareas iba a ser repelido del modo apropiado.
El secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, intervino en el conflicto anunciando que la Resolución 502, que invita a la retirada de las fuerzas militares, era aplicable también al Reino Unido. Pero ni la intervención del funcionario internacional, ni las súplicas del Papa Juan Pablo II por la paz, lograban disminuir la escalada de violencia. A su vez, la alineación de los Estados Unidos sería una jugada fundamental que condicionaría la relación de fuerzas de los beligerantes.

Hasta ese momento la Junta argentina descontaba el apoyo norteamericano debido a la fluida relación que este país mantenía con los gobiernos militares sudamericanos con quienes tejía lazos para evitar el avance del comunismo en el continente americano. Argentina había colaborado con los Estados Unidos en América Central y era parte de la denominada Operación Cóndor que fue nada menos que un plan represivo regional coordinado por los Estados Unidos tendiente a evitar el avance de la Unión Soviética en su órbita de influencia. Al respecto, Ronald Reagan, justificaba el apoyo de los Estados Unidos a las dictaduras militares de esos tiempos expresando “los gobiernos totalitarios de derecha son recuperables mientras que los de izquierda no”. Es evidente que el verdadero interés de los Estados Unidos residía en el único hecho de que las dictaduras militares eran el instrumento idóneo para alcanzar sus propios objetivos nacionales. Las conexiones entre la Casa Blanca y la Junta militar argentina para fines macabros, hicieron que los dirigentes del país sudamericano descontasen el respaldo norteamericano. Ya antes de asumir la presidencia, Galtieri era el candidato favorito de los Estados Unidos para el cargo, y seguramente, ello no obedecía a sus virtudes de estadista. Es por ello que durante sus visitas oficiales a los Estados Unidos en 1981 era acogido con las más cálidas recepciones.
Pero pese a esta cálida relación, y para sorpresa del gobierno argentino, el 30 de abril de 1982 Haig anuncia que Estados Unidos apoya a Gran Bretaña. Esto sin lugar a dudas desconcertó aún más a un gobierno que no contaba con un plan alternativo por no haber considerado la hipótesis de que la Casa Blanca podía optar por colaborar con Gran Bretaña. Ahora este actor no sólo poseía una clara superioridad armamentista y una mejor preparación de sus recursos humanos, sino que además esa notoria supremacía era complementada con la cooperación de los Estados Unidos.  Pero la ventaja británica no solo residía en la superioridad numérica. Sus miembros eran todos voluntarios y profesionales, por ende, estaban mejor entrenados y preparados que las fuerzas argentinas compuestas mayoritariamente por conscriptos de dieciocho años que sólo cumplían con el deber de hacer el servicio militar.

Cualquier persona del resto del mundo carente de “fundamentalismo argentino”, podía adelantar el resultado de la guerra, observando los datos comparativos de las fuerzas.

Por esta decisión irracional, muchos chicos argentinos de tan sólo dieciocho años, que habían padecido el infortunio de que el azar los condenara a realizar el servicio militar obligatorio jamás regresaron a sus hogares. Algunos ni siquiera tuvieron tiempo para despedirse de sus seres queridos antes de partir hacia el infierno de una guerra. Y varios, lamentablemente, dejaron sus vidas en aquellas islas del Atlántico Sur. Otros lograron regresar a sus hogares pero llevan consigo las tortuosas imágenes de aquella pesadilla real.

Esta aventura de embarcar al país en una guerra innecesaria es uno de los dolorosos legados que le dejó el último gobierno militar a la Argentina. El pueblo argentino reconoció que se había cometido un imperdonable error desde el mismo instante en el que Mario Benjamín Menéndez se rendía en las islas. Sin embargo, cabe señalar que días previos, una plaza llena vivaba la bravuconada de un general, lo cual, al menos  sugiere que para algunos ese error fue hijo de la derrota y no de la sangre derramada por una decisión improvisada, necia, y arbitraria. Pero esto no exonera, para nada, de culpas a las autoridades británicas, especialmente Margaret Thatcher, quién optó por hundir el proceso de paz con el Crucero General Belgrano sin importar que la nave argentina se hallara fuera de la zona exclusión decretada unilateralmente por su gobierno. Tampoco parece haber contemplado, que en el mismo momento en que el submarino británico Conqueror perpetraba un acto de salvajismo innecesario, el presidente del Perú, Belaunde Terry, anunciaba en una conferencia en Lima, la inminencia del acuerdo y cese de las hostilidades. La “Dama de hierro” estaba más interesada en revertir la opinión negativa que su figura despertaba en el Reino Unido, cambiando sangre por votos, y poniendo fin arbitrariamente a la vida de más de trescientos cincuenta argentinos. Esta actitud, reprochable desde una perspectiva humanitaria, la consolidó en el poder y le posibilitó ser reelecta en las elecciones celebradas en 1983.

Ahora bien, a los efectos de una mejor interpretación de esa confrontación bélica, es importante que el lector sepa que toda guerra es consecuencia de una decisión política. Las Fuerzas Armadas constituyen el instrumento técnico para cumplir con esas disposiciones políticas, pero las decisiones de ejecución no les competen. El hecho de que en la Argentina los dirigentes políticos que resolvieron ir a la guerra con Gran Bretaña hayan sido militares, no significa que haya sido una decisión militar, sino una decisión política adoptada por militares que actuaban como dirigentes políticos en ese momento histórico.

 Afortunadamente, mis desavenencias con los militares que gobernaron ilegalmente nuestro país en aquellos días, no me impiden reconocer la evolución de la institución militar. Al respecto, considero menester tener presente en todo momento, para evitar expresar juicios carentes de tolerancia, que son las personas y no las instituciones las que pervierten el fin para el cual estas fueron creadas. El mea culpa realizado por las Fuerzas Armadas varios años después de aquella violenta época, es un claro gesto de la evolución de esta institución que merece ser destacado. Pero también reconozco que ese gesto quizás no sea suficiente para calmar el dolor de quienes fueron víctimas directas o indirectas de las atrocidades cometidas en el plano interno, o de quienes debieron exponer sus vidas por una alocada decisión de recuperar las Islas Malvinas por la fuerza.

Desde una óptica histórica-jurídica, es prácticamente imposible tratar esta controversia internacional sin hacer alusión al descubrimiento de esa porción territorial. Este elemento ha sido empleado en numerosas ocasiones como sustento para los reclamos de las partes que reivindican para sí ese territorio. Los Estados reclamantes presentan como evidencia el descubrimiento de las islas por algún navegante de su país, aunque, paradójicamente, los estudios sobre los posibles descubridores coinciden en que es casi imposible determinar con exactitud quien fue el verdadero en avistar esas tierras. Semejante controversia no sorprende habida cuenta de la precariedad de los instrumentos de navegación y la incompleta cartografía utilizada por los hombres de mar del siglo XVI. No obstante, la bula papal Inter Coetera de 1493, que fue un laudo emitido en Roma por el papa Alejandro VI con la intención de fijar los límites entre España y Portugal -especialmente en las regiones que posteriormente fueron conocidas como el Nuevo Mundo- y el Tratado de Tordesillas de 1494 celebrado entre España y Portugal, que estableció un meridiano de partición situado a 370 leguas de las islas de Cabo Verde que buscaba poner fin a las disputas que se habían suscitado entre ambos países por las nuevas tierras, constituyen los primeros instrumentos que receptan los títulos de España acorde al Derecho Internacional de la época.  En concreto, el Tratado de Tordesillas definía que España tendría dominio hacia el oeste de la línea fijada; y Portugal, hacia el este. En base a esa delimitación, el archipiélago malvinense quedaba dentro de la jurisdicción de la Corona española.
En lo concerniente al valor geopolítico de las islas es importante destacar que el petróleo es mucha la ansiedad que despierta en cuantiosos gobiernos y empresas multinacionales, pero lo cierto es que las investigaciones científicas realizadas no han hallado al mencionado recurso en estado apto para una rentable comercialización. Esto permite decir que el valor geo-económico de la región es relativo, porque la mayor parte de él se refiere a un recurso potencial. No obstante, los constantes avances tecnológicos y científicos pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos esta situación. 
La distancia a otros puntos estratégicos del globo altera también el valor de las diversas zonas geográficas. Así fue, que tras el descubrimiento de la Antártida, el interés de los británicos por esta región se incrementó notablemente debido a la necesidad de poseer un punto de apoyo próximo al continente blanco. Siguiendo esta línea de análisis, es necesario tener presente que algunos hechos acontecidos en otras zonas también puedan condicionar la importancia de una región. Las Malvinas no fueron la excepción a esta regla, ya que a comienzos del siglo XX, la apertura del canal de Panamá le restó importancia a la ruta establecida por el Cabo de Hornos o el Estrecho de Magallanes. Sin embargo, si bien el canal de Panamá es una de las obras de ingeniería más grandes de todos los tiempos, que pone en contacto los Océanos Atlántico y Pacífico y que ha permitido acelerar los tiempos del comercio internacional, también es cierto que en el presente debido al tamaño de los buques - tanto de transporte como de guerra- se ha empezado a revitalizar el extremo sur, lo que incrementó el valor estratégico de esta zona. Además, la ubicación de las islas Malvinas en el borde oriental de la Plataforma y del Mar Argentino le otorga una peculiar importancia político-estratégico tanto como base naval y aérea de alerta temprana como para el control de pesqueros y/o incursiones no autorizadas con fines de explotación de recursos naturales. Es conveniente considerar la amenaza potencial que significa que las mismas estén bajo control de un enemigo debido a que por su proximidad geográfica con el continente, podrían ser utilizadas para perpetrar ataques aéreos y/o misilísticos.

La importancia estratégica de esa región del Atlántico Sur permite comprender el esfuerzo de ambos beligerantes para presentar argumentos que respalden su pretensión territorial.

El Estado argentino basa su posición y reclamos en el descubrimiento y en el principio del uti possidetis iure, esto es, la herencia proveniente de los títulos de la corona española de las posesiones que ostentaba en América. En otras palabras, las Malvinas habían sido claramente patrimonio de la Corona española. Por lo tanto, dado que la soberanía española sobre las islas había cesado por la independencia de sus territorios en América, las islas quedaban automáticamente bajo jurisdicción de las Provincias Unidas del Río de la Plata

Desde una perspectiva jurídica, el reconocimiento de un Estado es sumamente importante a los efectos de las relaciones internacionales. En este sentido, creo atinado resaltar que Gran Bretaña al reconocer en 1825 la independencia de las Provincias Unidas, aceptó la sucesión en los derechos y obligaciones territoriales de la Corona de España a favor de aquellas. Pero este no es el único argumento argentino. Nuestro país basa su postura, además, en la proximidad geográfica, en que las islas se encuentran dentro de la Plataforma Continental argentina, y en la ocupación que fuera ininterrumpida hasta la usurpación británica en 1833. Y es preciso mencionar también los recursos hemisféricos que otorgaban un “supuesto respaldo” a la postura argentina. Concretamente, existen mecanismos americanos que deberían haber sido aplicados y que brillaron por su ausencia. Uno de ellos es la Doctrina Monroe de 1823, la cual establecía que en América no existía terra nullius apropiable, pero que no fue aplicada al caso Malvinas por los  Estados Unidos. Lamentablemente la Doctrina mencionada no fue la única ausente. ¿Qué pasó con el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca? Este mecanismo hemisférico de Defensa colectiva también brilló por su pasividad pese a que las islas se encuentran dentro de la zona de aplicación del tratado.
Los fundamentos del Reino Unido para justificar sus pretensiones soberanas sobre las islas sudamericanas descansan en varios elementos. Uno es el descubrimiento, hecho difícilmente demostrable, debido a la incertidumbre existente respecto a quien realizó el verdadero descubrimiento ya que como vimos anteriormente existen varios Estados que se adjudican la hazaña, siendo realmente dificultoso determinar con exactitud el efectivo descubridor. Otro argumento es la ocupación, la cual ha sido condenada por la comunidad internacional porque no reviste las características que debe poseer una ocupación para ser considerada lícita a luz del derecho internacional público. En este sentido, Gran Bretaña alegó que su primera ocupación realizada en 1766 fue sobre terra nullius y que por tanto, las acciones emprendidas en 1833 persiguieron el fin de recuperar aquella ocupación inicial. Es preciso hacer una aclaración. En 1766 no podían esos territorios ser considerados terra nullius. Ante la fundamentación británica a través de la ocupación sobre terra nullius cabe preguntarse, si puede prosperar la invocación de un mero acto de conquista como un modo válido de adquisición territorial. Al respecto, voy a remitirme a la doctrina clásica expresada en el siglo XIX. Carlos Calvo, entre otros,  sostuvo que la conquista era un modo legítimo de adquisición territorial cuando las anexiones eran convalidadas por un tratado de paz o por el consentimiento de la población directamente afectada. Oppenheim, por su parte, sostiene que la conquista dio lugar al nacimiento de un título territorial ya sea por anexión, cuando desaparece el Estado vencido, o ya sea por cesión, cuando el Estado vencido convalida el traspaso de soberanía por medio de un tratado de paz.

Ahora bien, en el caso particular de Malvinas no se produjo el consentimiento argentino ni existe un tratado entre los Estados en disputa que valide la anexión británica de las islas. Y si a esto le sumamos los actos formales de protesta de nuestro país, arribamos a la conclusión de que aquel acto de fuerza británico no contó (ni cuenta) con el consentimiento argentino. Por ende, no puede  legitimarse en sí mismo. Otro fundamento alternativo esbozado y que ha gozado de gran repercusión se relaciona con la prescripción como modo de adquisición territorial. Se llegó así a sostener que aún en el supuesto de que la presencia inicial británica en las islas no haya sido sobre lo que se consideraba terra nullius, la posterior ocupación efectiva, consolidó una prescripción adquisitiva. Es totalmente objetable también este argumento ya que la doctrina en general acepta que la prescripción adquisitiva se basa en un acto inicialmente ilícito que se purifica en el tiempo a través de una ocupación efectiva, pública, continua y pacífica. Asimismo se entiende por pacífica a aquella ocupación que no es afectada por acto alguno de protesta. Como el lector pudo leer en líneas previas, esta condición no se cumplió en el caso de las Islas Malvinas.

Por todo lo expresado, se puede apreciar que la República Argentina posee títulos y argumentos más sólidos para justificar formalmente su soberanía sobre las Malvinas, mientras que Gran Bretaña apela a argumentos violatorios del derecho internacional. Esto sugiere que el hecho de que históricamente el Reino Unido haya sido reacio a someter la controversia a un arbitraje internacional responde posiblemente a la conciencia de la precariedad de sus fundamentos jurídicos para probar su soberanía en las islas del Atlántico Sur, optando por tanto, por el uso de la fuerza y la negación histórica, y no por la resolución del diferendo por vías pacíficas.

El desenlace de este conflicto bélico no hace sino confirmar la vigencia de un precepto histórico-político que señala que todo gobierno perdidoso en el campo de batalla debe inexorablemente alejarse del poder. Esta actitud le debía corresponder también a los militares argentinos que tras la derrota en la guerra de las Malvinas padecieron su consecuencia lógica: la pérdida de la legitimidad relativa que aún poseían.
Después de aquella lamentable aventura castrense, se iniciaría la transición democrática en la Argentina que se consumó con la asunción de Raúl Alfonsín en 1983.

Las Fuerzas Armadas habían quedado debilitadas debido a la derrota militar en las islas australes del Atlántico y por su accionar represivo en el plano interno entre los años 1976 y 1982. En ese momento, se convertía en tarea impostergable para el nuevo gobierno constitucional, redefinir el rol de las Fuerzas Armadas dentro del nuevo sistema democrático. En mayo de 1988, durante el gobierno radical, se promulgó la Ley 23.554 de Defensa Nacional, que establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales fundamentales para la preparación, ejecución y control de la Defensa Nacional y en diciembre de 1991, durante la presidencia de Carlos Menem, se complementó aquella norma con la Ley 24.059 de Seguridad Interior. En ella se explicitó la finalidad, estructura, órganos, misiones y funciones de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado Nacional. Esta ley estableció que las Fuerzas Armadas sólo tendrían injerencia en la seguridad interior bajo el concepto de complementación de otros organismos del Estado, y bajo la solicitud del Ministerio de Defensa. En otras palabras, se les concedió la facultad de intervenir en el plano interno cuando los otros órganos del Estado hayan sido desbordados en su capacidad, pero para ello, deben esperar la solicitud del Ministerio de Defensa para operar. A su vez, el presidente de la Nación quedaba facultado para hacer uso de las Fuerzas Armadas para el restablecimiento de la seguridad interior sólo en aquellos casos excepcionales en que éste considerase al sistema de Seguridad Interior como insuficiente. Esto ilustra el camino progresivo hacia la subordinación de las Fuerzas Amadas al poder civil. En 1995, también se procedió a la derogación del Servicio Militar Obligatorio y se dio inicio al Servicio Militar Voluntario mediante la Ley 24.429. La noticia fue bien recibida por la sociedad porque la mayoría la interpretó como una disposición política tendiente a respetar el interés (o desinterés) de cada persona por integrar las Fuerzas Armadas.

Vemos como las administraciones posteriores a 1983 pusieron en práctica medidas que persiguieron el objetivo de convertir a las Fuerzas Armadas en un instrumento técnico que quedara bajo la conducción del poder político. Esta subordinación es lo que convierte a la Defensa en una institución más del sistema democrático, cuya finalidad es defender la soberanía, el territorio y los ciudadanos del Estado.

Platón, en su obra “La República”, expresó que los guerreros debían estar abocados a la defensa externa, pero aclara que ese grupo debía además, estar subordinado directamente al poder político y mantenerse al margen de lo político. Lamentablemente esta idea parece no haber sido comprendidas por las Fuerzas Armadas de nuestro país, principalmente desde 1930 hasta 1982, período en el cual se produjeron seis golpes de Estado que interrumpieron gobiernos constitucionales de distinto color político.

Todos estos hechos no hacen sino, confirmar la inobservancia de las Fuerzas Armadas del mandato para el que fueron creadas.

Es digno de destacar la evolución institucional lograda en este sentido en la Argentina. Desde 1983 los distintos gobiernos han ido logrando la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil mediante diversas normas y documentos: ley de defensa, ley de seguridad interior, libro blanco, etc.

Pero es innegable también, que el accionar represivo de la Junta Militar y su posterior derrota en Malvinas desprestigió a la institución militar en la sociedad. Durante muchos años esa institución debió cargar con aquellos pecados cometidos por algunos insensatos. Posteriormente a la última dictadura, muchos jóvenes que escogieron la carrera militar, debieron esconder su profesión para no ser discriminados por la sociedad por hechos que ellos no habían cometido pero que cargaban en sus espaldas por el mero hecho de lucir un uniforme. El miedo y el resentimiento no le permitían al pueblo discernir distintas generaciones de militares. Todo lo militar era considerado nocivo para el país. Aún hoy es posible escuchar opiniones en ese sentido. Creo que también debemos reflexionar sobre eso. Las generalizaciones no son buenas. Así como un hijo no es responsable por los hechos que cometió su padre, un militar actual no es responsable de las atrocidades que cometieron algunos miembros de esa institución antaño.

Lo que debe existir en la sociedad actual son reglas claras que estipulen que aquello que sucedió hace años, y que tanto dolor sigue generando, no debe volver a suceder. Eso es lo que debemos aprender de ese triste episodio. Y para ello es crucial que se afirme el Estado de Derecho y que ante algún quebrantamiento del orden público sea la ley, el arma encargada de restablecer la paz.

El desafío como argentinos y seres humanos es evitar caer en nuevas eufóricas e irracionales aventuras castrenses, para no tener que lamentar nunca más la muerte de jóvenes e inocentes hermanos.
Por último, valga este espacio para expresar mi más respetuoso homenaje a aquellos inocentes jóvenes argentinos que marcharon con sus mochilas repletas de gloria y honor a aquellas frías islas del Atlántico Sur para defender su patria en cumplimiento de una decisión gubernamental irracional y desatinada.


*Analista Internacional,  especializado en Defensa en la Universidad Nacional de Defensa de Washington. Dirigió investigaciones en el Ministerio de Defensa  de la Nación; es docente, Investigador, Consultor de gobiernos locales y autor del libro “Malvinas, un pretexto para legitimar un gobierno totalitario”.
Contacto:  ivanambroggio@hotmail.com

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