Friday, February 3, 2012

Centros Terapéuticos, Drogas Y Jueces

                                                                                                                                    
Carlos Alfredo Escobar Antezano
Juez Superior Titular de la Corte de Lima Perú

(ICCT, junio 2011)

Perú
                                                                                                                                         Febrero 2, 2012


Un sábado caluroso y aciago en un distrito denso demográficamente San Juan de Lurigancho de Lima se dio a conocer a un alto costo el incendio de una comunidad terapéutica que albergaba a más de medio centenar de personas que “se rehabilitaban” del consumo de drogas sin distinción de ser drogo dependientes o fármacos dependientes, en una vivienda precaria en la construcción, sin espacios primarios de medicina, de tratamiento terapéutico, áreas de aislamiento y ausencia total de áreas verdes, hacinados en una construcción de tres pisos debido a que una reyerta interna suscita la quema de colchones de espuma en el primer nivel, se extiende el fuego y los internos, propiamente encarcelados, perecen debido a que la existencia y fortificación  de la vivienda con rejas había sido  asegurado con candados, de un carcelero, que, no estuvo antes, durante ni después del incendio, el resultado es, la muerte de veintinueve personas, varones de diversas edades, por asfixia.
Esta noticia trágica repercute la comunidad internacional y conmueve en el Perú y resalta la orfandad de políticas de estado respecto a la rehabilitación, concreta del drogo dependiente o fármaco dependiente; afecta a los  parciales programas  de combate a las drogas que plantea el estado generalmente cuando  asume y cambia el gobierno cada cinco años y que desde nuestro punto de vista hace impostergable encardinarlo en un programa integral de mediano y largo plazo de la región, daremos nuestras razones y urgencias
Un primer asunto, es incluir o excluir si existe responsabilidad de los jueces penales en el manejo de las comunidades terapéuticas y la rehabilitación de sus internos la consecuencia es ninguna, porque: la función de un juez concluye con determinar la responsabilidad penal imponiendo penas cuyo cumplimiento corre a cargo del ministerio de justicia y si concede los beneficios penitenciarios lo hace razonadamente priorizando políticas de control de criminalidad (criminalidad organizada o delitos de bagatela de gran incidencia que requieren la privación de libertad con el fin de disuadir a los infractores) u otorga medidas de seguridad para los inimputables que debe cumplirse en centros médicos, en el Perú puede tener una duración hasta cinco años y el juez de ejecución es informado periódicamente para ser reintegrado a su comunidad. Recientemente la Convención de Nueva York, de la cual muchos países son suscribientes han incluido a los incapaces, en la Región la Nación Argentina ha tenido una implementación creando una dirección como órgano de línea en su política de salud mental y ha otorgado funciones autónomas a un defensor en el rubro del ministerio público, con autonomía y presupuesto y ha generado una política participativa de la sociedad civil, en la que participan los familiares, grupos médicos con un control multi profesional y funcional  que permanentemente se está retroalimentando (a los jueces peruanos con la  organización mundial de salud generosamente nos han enseñado que están haciendo) buscan que no haya un incapaz  en manicomios y que los discapaces sean incorporados a su medio priorizando el lugar de su domicilio, es prioridad en el diseño de política de salud, incluso para el álgido tema penitenciario en el sistema de justicia federal están construyendo módulos penitenciarios que tiene pabellones para internos cuya libertad ambulatoria es un peligro. En suma, es un modelo para seguir por ser pragmático con planes de mediano y largo plazo, en lo que se prioriza costos por beneficio. Un segundo asunto es el caso peruano, no tenemos implementado como responsabilidad de jueces un control de los drogo dependientes o fármacos dependientes, empero tenemos presente que por la convención de Nueva York debemos integrarnos transversalmente al Ministerio de Salud (que debe liderar por ser política de estado prioritario) a los equipos multidisciplinarios de Psiquiatras, Psicólogos y asistencias sociales en dos rubros de especialidad: en el ámbito penal discutir dogmáticamente si hay que criminalizar el consumo concretamente en las cantidades de consumo directo, y la inhabilitación es total o parcial ver(ver artículo 36 código penal peruano). Los jueces civiles para revisar si la declaración de incapacidad o interdicción es total o parcial o que actos debe hacer obligatoriamente como votar, cumplir alimentos. No tenemos ningún tipo de responsabilidad en el tratamiento de los consumidores de drogas.
Puesto en claro nuestra responsabilidad de jueces, debemos opinar sobre lo acaecido. Ha puesto en agenda que no se encuentra implementado como política de estado la rehabilitación de los drogo dependientes o fármacos dependientes, frente a datos oficiosos de un millón cien mil personas y setenta comunidades de las cuales generosamente entre quince tienen algún tipo de acreditación formal con DEVIDA, CEDRO, MINISTERIO DE SALUD, que pueden atender a setecientas personas con cama, es alarmante y crítico, estos datos no recogen los centros informales que como el causante, no sabemos donde están menos cuanto son, no tienen licencia de funcionamiento por elementales carencias a saber no tienen infraestructura mínima, no cuentan con profesionales que la dirijan, se encuentran acaudillados casi siempre por ex reclusos que por la dureza del encierro carcelario han encontrado una forma contributiva a la abstinencia de la ingesta de drogas que ante la reacción del hábito se impone con el castigo corporal como mantenerlo despierto, practicarle baños de agua fría, suprimirle los alimentos y el agua recurriendo a la biblia en sus múltiples variedades u otras religiones, practicándose cánticos y letanías por largas horas para lograr una sumisión corporal, la licencia para comisión de estos abusos de tortura la otorga la familia o pariente más cercano al que la presencia del enfermo es disuasiva en el núcleo familiar, si se  agrega un bajo costo interesa el fin y no el procedimiento casi nunca se indaga la presencia de profesionales para el tratamiento, de la infraestructura menos importa la participación del pariente o entorno social. A modo conclusivo de este punto sostengo que no puede poner en cuestión la fe religiosa como elemento determinante del tratamiento, debemos reconocer que este problema conductual y psíquico debe ser tratado por profesionales y que el núcleo familiar y el entorno social debe contribuir para el tratamiento mediante la asistencia social, menos debe ser liderado individualmente por la buena fe de sujetos estigmatizados que al vencer este problema aseguren capacidad para solucionar un problema central de salud que debe ser asumida por el gobierno de turno en el mismo nivel de pobreza extrema, analfabetismo y solución del agua potable en radios urbanos
Qué hacer ante el problema? Lo primero es reconocer la miopía de los gobiernos de turno y levantar información real, depurar estas comunidades terapéuticas con criterios de integración y apoyo invirtiendo a la existentes y viables el concurso de profesionales capacitados, sin afectarles la buena intención de las comunidades religiosas las que no deben fijar ni controlar el tratamiento sino dar su apoyo de forma contributiva. Determinar mediante partidas presupuestarias dineros de manera inmediata y elaborar planes de mediano y largo alcance, al escribir este artículo se encuentra en el Congreso un reglamento de DEVIDA que debe ser aprobado rápidamente, ello facilitaría que las agencias y organismos internacionales de asistencia de cooperación y salud puedan contribuir como lo hacen en Colombia, Argentina, Uruguay, con éxito y transparencia.
A guisa de conclusión importa al Centro Hemisférico este planteamiento de manera real y práctica porque el tratamiento del consumidor de drogas es el último eslabón de esa cadena compleja y ramificada de las drogas y si como creemos al importar la seguridad de todo los estados lo que acontece en el Perú, no solo por ser el gran productor con problemas de adicción, pone en cuestión la ejecución de la política regional de drogas, por la gran inversión de armas en la interdicción, las zonas de controlen las zonas productivas e industrialización, la sustitución de cultivos y por el gran impacto que causa, en la economía, seguridad y confiabilidad de planes cuyos responsables son los estados y que el tratamiento de los fármacos dependientes y drogo dependientes debe agendarse como un problema prioritario y de primer orden.



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